Boicot a los libros de texto.

TdE/El pasado 18 de abril, se celebró una asamblea del profesorado de secundaria de Barcelona en el Instituto Jaime Balmes. Se reunieron representantes de unos 70 Institutos públicos para expresar su rechazo e indignación ante la interminable lista de agresiones a la enseñanza pública y a su profesorado perpetradas por el gobierno de la Generalitat y el Gobierno central, que parecen lanzados en una carrera frenética para ver quien es más neoliberal, quien recorta más y quien queda mejor con sus dueños del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional.

En la asamblea se propusieron diversas propuestas de lucha, que ahora se están discutiendo y votando en los centros. Quiero comentar una que considero particularmente interesante: para el curso que viene boicotear los libros de texto y las licencias digitales, y trabajar únicamente con apuntes, dossiers o fotocopias. A mi modo de ver la medida, si se realiza, tendrá un triple significado: ideológico, político y social.

Desde el punto de vista ideológico es una reivindicación de la libre circulación de la ciencia, de la cultura y del conocimiento, en contra de la tendencia neoliberal que pretende privatizarlo todo, y en contra de la presunta defensa de los “derechos de autor”, detrás de la cual se esconden los “derechos” de las editoriales. En realidad los libros de texto no tienen ya “autor”: hay un editor nombrado por la editorial, que en teoría coordina un supuesto trabajo en equipo, que no es tal, y selecciona los contenidos en función de criterios de mercado, y no pedagógicos. Es un caso clásico de explotación, donde la empresa se apropia del trabajo del autor, alienándolo respecto al mismo.

Desde el punto de vista político, a la hora de movilizar fuerzas sociales en contra de los recortes en educación pública, la acción puede ser sumamente eficaz. Las editoriales obtiene pingües beneficios con los libros de texto, y una medida de este tipo significaría para ellas perdidas millonarias. Ejercerían toda su capacidad de presión, que es mucha, sobre las administraciones educativas.

Desde el punto de vista social la medida puede tener gran trascendencia, pues significará un gran alivio económico para las economías familiares, especialmente las más débiles, castigadas por la crisis.

La aplicación de esta medida significará, sin duda, más trabajo para los docentes. Así demostraremos que no somos unos egoístas insolidarios y vagos, sino que nos movilizamos no solamente en defensa de nuestros derechos, sino en defensa del derecho de todos a una educación pública digna.

En la próxima asamblea del 9 de mayo veremos si se ratifica la medida.

José Alsina Calvés