La acusación particular del caso del doble crimen de Almonaster La Real (Huelva), por lo que se encuentra en prisión desde el pasado 21 de octubre el boliviano Genaro Ramallo, se plantea pedir para éste 50 años de prisión por el doble asesinato que presuntamente cometió al acabar con la vida de su pareja, la sevillana María del Carmen Espejo, y de su hijo Antonio.
Mariano de Alba, letrado que representa al padre y abuelo de las
víctimas, ha señalado que, aunque el caso está en fase de instrucción y
el juzgado de Aracena que investiga el caso decretó el pasado día 20 de
febrero el levantamiento del secreto del sumario, su intención es pedir
“las penas máximas” para el presunto autor.
En cuanto al juicio, que no se celebrará en un año como mínimo, el
abogado ha señalado que se llevará ante un jurado popular. Por otro
lado, respecto a la posibilidad de que pudiera haber influido en los
hechos algún rito al decapitar los cuerpos, el letrado ha señalado que
“existe una deducción de que el hecho de decapitarlos esté relacionado
con un sacrificio a la diosa andina Pachamama”.
En este sentido, De Alba ha explicado que se deduce que Ramallo
presuntamente “decapitó a su pareja y al niño para ofrecérselos a esta
diosa andina” al coincidir la celebración de las fiestas de esta diosa
con el mes de agosto, fecha en la que se baraja que tuvieron lugar los
hechos.
El pasado 21 de septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción
número 3 de Huelva decretó prisión incondicional, comunicada y sin
fianza por dos delitos de asesinato para Ramallo, detenido a finales del
mes de septiembre en las inmediaciones de Toulouse (Francia) por el
presunto doble homicidio de la sevillana María del Carmen Espejo y su
hijo Antonio hace más de 18 años, cuyos restos aparecieron un mes antes
en una finca de su propiedad en Almonaster la Real.
Antes de ello, el detenido llevaba una vida aparentemente normal en
España, regentando en Huelva una academia de clases particulares de
matemáticas, hasta la reciente aparición de estos restos.
Fue a mediados de septiembre cuando la Policía Judicial de Sevilla
destapó los cadáveres de las dos personas fallecidas, que se encontraban
sepultadas bajo dos metros de piedras en dicho terreno de este
municipio onubense, según explicaba la empresa Condor Georadar, que
colaboró en la búsqueda de los restos.
Todo asesinato lleva implícito el componente alevoso, y en este caso
el abogado señaló a la “indefensión que tenían estas personas cuando son
asesinadas; un menor difícilmente podía defenderse de lo que le
hicieran”. Por otro lado, recordó que en el mismo pozo donde fueron
enterrados los dos cadáveres la Policía también encontró fármacos, en
concreto sedantes, que pudieron ser administrados a las víctimas”.
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